Artículo original publicado por Martín Kanenguiser en Infobae
El Fondo Monetario Internacional (FMI) defendió hoy la importancia de la sobretasas que pagan países como la Argentina cuando toman un crédito muy alto y por mucho tiempo, para permitir que otras naciones en problemas accedan a préstamos a tasas muy bajas del organismo multilateral cuando no pueden emitir deuda en el mercado de capitales.
El vocero del organismo, Gerry Rice, indicó en su habitual conferencia virtual desde Washington que se estudiará el pedido del presidente Alberto Fernández de disminuir estos sobrecargos, pero aclaró que no se trata de una decisión discrecional de la directora gerente, Kristalina Georgieva, sino de la mayoría de los miembros del directorio del organismo.
El sobrecosto sólo corresponde a los fondos que se prestaron por encima del 187% de la cuota que le corresponde a la Argentina, por lo que no aplica a los USD 44.000 millones girados desde 2018, sino a unos 9000 millones de dólares.
Fuentes en Washington indicaron que puede haber un gesto de reducirle el sobrecargo a la Argentina, pero no va a ser sustancial, porque este sobrecosto se utiliza para que el FMI esté líquido y nadie va a querer cambiar esta estrategia por la Argentina.
Cabe recordar que la semana pasada el presidente Alberto Fernández se reunió en Roma con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva. Al respecto Rice destacó que “Georgieva se reunió en Roma con Alberto Fernández; luego la directora gerente calificó la reunión como muy positiva y hablaron sobre la necesidad urgente de seguir luchando contra la pandemia para seguir salvando vidas y los desafíos que tienen los países de ingresos medios para recuperarse”.
Allí se habló sobre “los grandes desafíos económicos y sociales que enfrenta el país, agravados por la pandemia” y a seguir negociando un programa para “estabilizar la situación económica y un crecimiento inclusivo”
“Seguimos trabajando conjuntamente en forma constructiva”, indicó Rice, pero reiteró que “no hay novedades sobre los plazos para el artículo IV o el nuevo programa; las conversaciones se llevan a cabo de manera constructiva”.
Con su habitual estilo, eludió referirse a la situación política dentro del gobierno argentino, por las divisiones en torno a la estrategia con el FMI o a las pujas sobre el ministro Martín Guzmán. “No hacemos comentarios sobre eso. Sí entiendo que el ministro fue parte de las conversaciones y sigue siendo nuestro interlocutor”, se excusó con elegancia.
Acerca de la sobretasa, indicó que “es algo que fue objeto de las conversaciones y Georgieva dijo que tomó nota de la solicitud y que se analizará el tema con otros miembros del directorio”.
“Sobre el cambio en las sobretasas en primer lugar hay que aclarar que cualquier revisión estará a cargo del directorio; no es una decisión que pueda tomar la gerencia en forma discrecional, sino los países miembros”, dijo ante una pregunta de Infobae.
“Estas sobretasas son una parte importante del análisis de riesgo porque permiten que el FMI siga siendo un prestamista de última instancia. Las sobretasas contribuyen a fortalecer el balance general del FMI y permiten que les prestemos a tasas bajas a los miembros del FMI cuando se ven excluidos de los mercados de capitales o afrontan tasas demasiado altas”, indicó.
“La mayoría de los créditos para los países más pobres se otorgan a tasas nulas en general y sin ninguna sobretasa”, afirmó y agregó que éstas “se abonan únicamente cuando el crédito pendiente es muy alto y prolongado”.
En su reunión con Georgieva, Fernández indicó que la Argentina tenía intención de llegar a un acuerdo lo antes posible para refinanciar los vencimientos del crédito por USD 44.000 millones que la Argentina le debe al organismo y que tiene que pagar entre este año y 2023.
La intención del Gobierno es tener un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años, en reemplazo del stand by firmado en 2018 por el presidente Mauricio Macri.
Además, el Gobierno ha buscado, hasta ahora sin éxito, que este programa se extienda a 20 años, una excepción que no está contemplada en las reglas del organismo multilateral.
En paralelo, el Gobierno espera la emisión adicional de los derechos especiales de giro (DEGs) del Fondo, que en el caso de la Argentina representarían unos USD 4300 millones que llegarían antes de fin de año. Al respecto, Rice ratificó hoy que esta decisión se adoptará en julio en el directorio; luego demoraría entre tres y cuatro meses más en girarse a los bancos centrales de los países.
Cabe recordar que el Gobierno tiene dos vencimientos de capital este año con el Fondo, el primero en septiembre y el segundo en diciembre, de unos USD 2000 millones cada uno.
Por otro lado, el ministro Martín Guzmán ha impulsado la idea de que los países más ricos que no utilicen esos DEGs adicionales los transfieran, a cambio de una tasa baja, a los países de ingresos medios, como la Argentina.
La tasa de interés que el ministro quiere que se reduzca es flotante y, nuevamente, su eventual reducción sería muy parcial, porque el Fondo siempre trata de mantener un equilibrio entre la decisión de estar a disposición de los países que lo necesitan y, a la vez, que los gobiernos opten por ir al mercado voluntario de capitales más que endeudarse con el organismo.
De todos modos, aún si no cambiaran las condiciones financieras, la firma de un nuevo acuerdo a 10 años podría significar un alivio importante para el país, porque recién empezaría a pagar en el cuarto año del programa y solo una doceava parte de lo que el FMI va a empezar a desembolsar una vez que se firme el plan. Esto significa que cuando la Argentina firme un nuevo acuerdo, el FMI empezará a desembolsar un dinero equivalente a los pagos que tiene que ir haciendo el país; la rueda seguirá girando en la medida que el país apruebe las revisiones técnicas del staff del organismo antes de cada desembolso, o que haya algún “waiver”, como ocurrió varias veces en el pasado.
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