El Gobierno de Javier Milei sigue avanzando con su “plan motosierra”. Esta vez, el foco estuvo en el Ministerio de Justicia y el sector del transporte. En una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el despido de 2.400 empleados y la eliminación de incentivos que, según explicó, “se desvirtuaron” y dejaron de cumplir su función original.
Adorni fue directo: se detectaron contrataciones irregulares a través de ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), que, según el vocero, se mantuvieron por décadas fuera de los mecanismos legales de empleo público.
Además, se eliminó un incentivo que costaba al Estado 15.600 millones de pesos anuales y que originalmente estaba destinado a capacitaciones. “Se convirtieron en parte del sueldo sin que hubiera ninguna capacitación real”, denunció Adorni.
El otro anuncio importante vino de la Secretaría de Transporte, que decidió terminar con el monopolio de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) en las capacitaciones para conductores profesionales.
Según el Gobierno, desde 2019 el sindicato recibió unos 11 mil millones de pesos anuales por esta tarea. A partir de ahora, cualquier prestador podrá ofrecer capacitaciones, siempre y cuando se inscriba en un nuevo Registro de Prestadores de Evaluación y Formación Profesional.
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