El Gobierno impulsa reestructuración del INTA y elimina 46 áreas

El decreto 585/2025 centraliza decisiones en el presidente del INTA, reduce unidades y genera debate entre el sector agropecuario por el posible impacto en innovación y transferencia tecnológica

La reestructuración profunda del INTA, que implica la eliminación de 46 unidades organizativas y la centralización de la toma de decisiones en la figura de su presidente, Nicolás Bronzovich, ha generado reacciones encontradas en el sector agropecuario. Mientras asociaciones técnicas advierten sobre el posible impacto negativo en la innovación, desde la Bolsa de Cereales se subraya que la simplificación administrativa podría agilizar la transferencia tecnológica. Este debate ilustra el alcance y las tensiones que acompañan la entrada en vigor del Decreto 585/2025, una medida que, según el Gobierno, busca optimizar recursos y reducir la superposición de funciones en la administración pública.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, marca el inicio de una reconfiguración integral del Ministerio de Economíay de varios organismos descentralizados. Entre los cambios más relevantes, la Secretaría de Industria y Comercio amplía su campo de acción y asume un rol activo en negociaciones internacionales con la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en temas de su competencia. Esta expansión de atribuciones responde a la necesidad de fortalecer la presencia argentina en foros clave para la economía nacional.

En el área de agricultura, la norma dispone la disolución tanto del Instituto Nacional de Semillas (INASE) como del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI). Las funciones y el personal de ambos organismos pasan a la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Además, se eliminan objetivos vinculados a la promoción de micro, pequeñas y medianas empresas, así como la asistencia en leyes de fomento ganadero y caprino. La Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional asume la coordinación de la actualización del Código Alimentario Argentino, mientras que la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal pierde competencias en la aplicación de normativas específicas del sector.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), uno de los organismos más afectados, debe implementar en un plazo de 90 días la nueva estructura, que suprime órganos de conducción con representación privada y consolida los centros regionales y de investigación en cinco grandes áreas temáticas: Agroindustria, Ciencias Veterinarias, Recursos Naturales, Economía Agropecuaria y Agropecuarias. El Gobierno justifica la reforma en la existencia de una “estructura burocrática inflada” y la “superposición de funciones”. La Sindicatura General de la Nación deberá presentar un informe sobre el impacto financiero de la reestructuración.

En el ámbito del transporte, la Secretaría homologa nuevas estructuras para la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. El decreto transfiere la Dirección de Estadística Vial a la Secretaría de Transporte y otras áreas de la ex-Agencia Nacional de Seguridad Vial a la Subsecretaría de Transporte. No se introducen modificaciones en la Dirección Nacional de Vialidad debido a una medida cautelar vigente, por lo que sus funciones permanecen sin cambios.

Otras transformaciones relevantes incluyen la incorporación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Dirección Nacional de Semillas como unidades organizativas de primer nivel bajo la Secretaría de Agricultura, así como la aprobación de la nueva estructura del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que pasa a depender de la Secretaría de Industria y Comercio. La Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal se consolida como empresa y ente del sector público nacional bajo la órbita del Ministerio de Economía.

El decreto otorga facultades especiales al Ministerio de Economía para realizar futuros ajustes en la estructura de los organismos afectados, siempre que no impliquen un aumento en las partidas presupuestarias. Además, establece que los gastos derivados de la reorganización se cubrirán con los créditos presupuestarios existentes hasta que se realicen las adecuaciones correspondientes.