
La Libertad Avanza reunió este miércoles 126 diputados, tres menos de los 129 necesarios para el quórum en la Cámara de Diputados, y no pudo abrir una sesión destinada a tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y otros proyectos de la agenda del gobierno de Javier Milei antes del fin del período ordinario.
La ausencia de los bloques Provincias Unidas y Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) impidió iniciar un debate para el que las bancadas ya habían acordado el orden de tratamiento y los tiempos de exposición. La jornada estaba calculada en 13 horas y nueve minutos, sin contar cuestiones de privilegio, homenajes ni apartamientos del reglamento.
El entendimiento alcanzado en Labor Parlamentaria ordenaba la discusión, pero no suponía que todos los bloques respaldaran el contenido de las iniciativas. La falta de tres legisladores bloqueó el tratamiento de todo el temario, incluso de los asuntos que contaban con consensos parciales.
La convocatoria había sido impulsada por el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, junto con otros diputados oficialistas. El resultado volvió a exponer la necesidad del oficialismo de reunir aliados tanto para habilitar las sesiones como para alcanzar las mayorías requeridas en cada votación.
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida también como Ley Malvinas, era el proyecto con mayor tiempo asignado: 9 horas y 42 minutos dentro del cronograma. La iniciativa propone endurecer las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y modificar normas vinculadas con defensa, inteligencia y seguridad nacional.
Uno de los puntos que generó objeciones en la oposición y en sectores dialoguistas regula la injerencia extranjera en procesos electorales. El proyecto prevé penas de prisión de entre cinco y 12 años para quienes organicen o financien campañas dirigidas a interferir en elecciones o a condicionar decisiones de autoridades en favor de intereses extranjeros.
Durante el tratamiento en comisión se incorporaron exclusiones para las actividades periodística, diplomática y académica. Sin embargo, persistían diferencias sobre la precisión de esas garantías y sobre el alcance de las nuevas figuras penales.
La propuesta también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional bajo conducción de la Presidencia, con facultades para coordinar políticas de defensa, seguridad e inteligencia, además de analizar inversiones extranjeras en sectores estratégicos. El oficialismo aspiraba a aprobar el proyecto en general, aunque varios artículos todavía exigían negociaciones con los bloques que respaldaron los dictámenes con observaciones.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central había vuelto a Diputados luego de los cambios introducidos por el Senado. El proyecto fija como objetivo principal de la autoridad monetaria preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento directo o indirecto del Tesoro Nacional mediante adelantos transitorios y otros mecanismos de emisión monetaria.
La iniciativa modifica además el régimen de distribución de utilidades: los resultados de la entidad deberán destinarse de forma prioritaria a cubrir pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública. La Cámara baja debía decidir si aceptaba las modificaciones del Senado o si insistía con su redacción original, según el procedimiento previsto en el artículo 81 de la Constitución Nacional.
La votación estaba prevista para durar cinco minutos, de acuerdo con el artículo 152 del reglamento de Diputados. La falta de quórum dejó incompleto el trámite legislativo de la reforma.
La organización acordada para la sesión incluía cinco intervenciones de los miembros informantes de los dictámenes sobre la ley de soberanía, por un total de una hora y 40 minutos. También reservaba cuatro horas y diez minutos para exposiciones individuales y tres horas y 47 minutos para los bloques, según las planillas de la Dirección de Coordinación de Labor Parlamentaria a las que accedió Infobae.
La falta de quórum postergó dos instrumentos vinculados con la integración comercial del Mercosur. El primero era el Acuerdo de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que busca ampliar el intercambio de bienes y servicios y reducir barreras comerciales entre ambos bloques.
El segundo proyecto era una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, destinada a actualizar el marco normativo regional para ese sector. Ambos expedientes figuraban en los órdenes del día 510/26 y 509/26 y tenían cinco minutos asignados para cada votación.
Tampoco se abordaron dos convenios para transferir competencias judiciales de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno corresponde al cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño.
El otro propone trasladar a la Justicia de la Ciudad la función judicial en materia criminal y correccional de menores. Los expedientes, incluidos en los órdenes del día 512/26 y 511/26, iban a tratarse en conjunto durante dos horas y 22 minutos, con exposiciones de miembros informantes, bloques parlamentarios y una votación final.
El traspaso de competencias judiciales forma parte del proceso pendiente de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y ha sido objeto de sucesivos acuerdos entre administraciones nacionales y porteñas.
El último asunto previsto era una modificación del artículo segundo de la Ley 24.467, que regula a las pequeñas y medianas empresas. La propuesta, incorporada en el orden del día 443/26, buscaba ampliar el alcance del régimen para facilitar a las cooperativas el acceso a instrumentos de reconocimiento y promoción previstos por la legislación.
El temario también contemplaba un minuto de silencio por el fallecimiento de la exdiputada Patricia Walsh y la posibilidad de homenajear a las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Los bloques habían anticipado 17 cuestiones de privilegio, siete homenajes y ocho pedidos de apartamiento del reglamento, que podían extender la jornada más allá del tiempo inicialmente previsto.
El Gobierno prevé avanzar también con el Presupuesto 2027 y otras iniciativas que considera prioritarias antes de la finalización del período ordinario.

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