La Justicia británica impidió que un grupo de bonistas le cobrara a la Argentina por la crisis del país

Los bonistas ganaron el juicio, pero el Ejecutivo argumentó que no cuenta con los recursos para pagar el fallo de 1330 millones de euros a cuatro fondos de inversión.

Artículo publicado por Martín Kanenguiser para Infobae (8 de julio)

Un juez británico le impidió cobrar a un grupo de acreedores del Gobierno bajo el argumento de la difícil situación económica que atraviesa la Argentina.

Se trata de la ejecución de la sentencia en el caso que los acreedores habían ganado en Londres por la distorsión de las cifras del PBI durante el kirchnerismo.

El magistrado Simon Piken consideró, en base al testimonio de varios funcionarios argentinos, que el Gobierno no está en condiciones de depositar el 25% de los 1330 millones de euros en una cuenta bancaria a la espera de un fallo final.

El analista Sebastián Maril difundió el fallo y anticipó que posiblemente el Gobierno utilice este mismo argumento en el caso por la expropiación de YPF en los tribunales de Nueva York.

Piken dijo que los acreedores tampoco podrán embargar ningún activo del país en el exterior a la espera del fallo en segunda instancia, detalló Maril.

“Un factor particular que, en cualquier caso, no se plantea en el presente asunto es si existe el riesgo de que el recurrente no recupere ninguna cantidad abonada en caso de que prospere el recurso. Ese factor no se aplica en este caso porque se acepta que, si se va a efectuar el pago, se va a hacer en una cuenta de garantía bloqueada y, en esas circunstancias, no existe aquí ningún riesgo para la República de no recibir el dinero en caso de que prospere su recurso”, indicó.

“La cuestión, por tanto, es si existe o no un perjuicio irremediable acreditado por la República en este caso”.

“Hay dos aspectos en la reparación que hoy concederé en la forma de la orden que aún debe ser discutida en detalle: en primer lugar, el pago de 1.330 millones de euros; y, en segundo lugar, el cumplimiento específico”, indicó.

“En primer lugar, si bien se ha sugerido en la prueba testimonial que se me ha sometido a los presentes efectos, específicamente en la declaración testimonial del Sr. Marco Juan Lavagna de fecha 15 de mayo de 2023, quien es el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que no es posible para el INDEC, y por ende para la República, cumplir con una orden de cumplimiento específico”, explicó.

El argumento es si la ejecución de la sentencia provocaría un “daño irremediable a la población de Argentina en el futuro”.

“Tengo ante mí una serie de pruebas del Sr. Lavagna, pero también de otros testigos, concretamente del Sr. Agustín Torcassi en una declaración testifical de fecha 15 de mayo de 2023 y del Sr. Sebastián Antonio Soler en una declaración testifical de fecha 17 de mayo de 2023, dirigidas a la Sra. Tamara Oppenheimer”, recordó el magistrado, en referencia a la defensa argentina.

También brindaron informes Eduardo Pablo Setti, secretario de Finanzas y Raúl Rigo, de Hacienda.

“Dichos informes han sido objetados por la Sra. Prevezer KC, en nombre de los demandantes, por considerar que, por una cuestión de forma, deberían haber revestido la forma de declaraciones testimoniales y, por una cuestión de fondo, por plantear considerables dudas sobre lo afirmado”, indicó el juez.

Allí se afirma que “la República sufrirá claramente un perjuicio irremediable si se le exige el pago. Destaca, en particular, que la República está atravesando graves problemas económicos en este momento y señala también el hecho de que el país ha sufrido una grave sequía en los últimos meses, lo que ha agravado aún más esos problemas”.

“A este respecto se me ha remitido a un informe del FMI sobre Argentina de fecha 31 de marzo de 2023, en el que se hace referencia en varios lugares tanto a los problemas económicos como a la grave sequía”.

También cita que “para efectuar un aumento en el presupuesto para 2023, sería necesario identificar una fuente de financiación para el aumento y promulgar una ley del Congreso u obtener la emisión de lo que se conoce como un DNU, es decir, un grado de urgencia y necesidad”.

“En lo que respecta al DNU, dado que no se dispone de financiación para añadir la cantidad de 1.330 millones de euros al presupuesto, no sería legal promulgar una ley especial del Congreso para incluir dicha cantidad”, aclaró.

“No existe ninguna posibilidad de que la República pueda obtener los fondos necesarios para efectuar el pago en los mercados internacionales de capitales”

“Ninguno de los cuatro métodos potenciales por los que el Banco Central podría proporcionar fondos al Gobierno nacional en virtud de su carta orgánica sería aplicable en este caso”.

“En palabras del Sr. Rigo crearía un daño muy grave e irreversible a la población argentina en este ejercicio fiscal, en particular en el actual entorno económico extremadamente difícil e indudablemente requeriría reducir las cantidades”, precisó.

“A este respecto, me ha remitido al apartado 17 del informe del Sr. Rigo, en el que se expone el tipo de reducciones que habría que efectuar en el presupuesto de 2023 en caso de que se exigieran ahora los 1.330 millones de euros”, indicó el juez.

“Entre ellas, el 56,5% del presupuesto actual destinado a programas de inclusión socioproductiva, el 242,3% del presupuesto actual destinado al programa de asistencia social dirigido a adolescentes de familias con bajos ingresos que asisten a universidades y otras instituciones de enseñanza superior, y otras cuestiones similares”, agregó.

La sentencia de abril

En abril, Piken ordenó el pago a cuatro hedge funds que reclamaron valores denominados en euros vinculados al producto interno bruto (PBI) de Argentina en 2013, los “cupones PBI”.

Se trata de los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, que demandaron al país en 2019 y solicitaron una indemnización de hasta 643 millones de euros (USD 704 millones).

El juez también dictaminó que Argentina debía pagar unos 1.330 millones de euros en relación con todos los valores vinculados al PBI, de los que los cuatro fondos poseen aproximadamente el 48%. En dólares, la cifra asciende a casi USD 1.500 millones al tipo de cambio actual.

Los demandantes argumentaron en octubre que Argentina tenía “propensión” a manipular los datos económicos para ahorrar miles de millones de dólares.

Susan Prevezer, representante de los fondos, dijo que las estadísticas económicas fueron “objeto de dirección política” en Argentina bajo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, los abogados de Argentina dijeron que “ningún gobierno racional subestima deliberadamente el PBI” y señalaron que el país había pagado casi USD 10.000 millones a los tenedores de sus títulos vinculados al PIB desde que se emitieron por primera vez en 2005.

La abogada de Argentina, Tamara Oppenheimer, dijo en una breve audiencia el miércoles citada por Reuters que es probable que el país solicite permiso para apelar el fallo.

Los Valores Negociables Vinculados al PBI son instrumentos utilizados en 2005 por los por entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Determinaba pagos a bonistas cuando el crecimiento económico del año superaba 3%.

El título de deuda, que se emitió en distintas monedas, fue pensado como un endulzante para los bonistas que entraron a los canjes de deuda llevado adelante ese mismo año. La Argentina pagaría más si su economía crecía.

Guillermo Nielsen, en ese entonces secretario de Finanzas, y Roberto Lavagna, ex ministro de Economías, condujeron el canje de deuda de 2005 en el que nacieron los cupones PBI

La emisión poco ortodoxa tuvo dificultades para ser valuada por sus tenedores, que inicialmente no les asignaron valor alguno. Pero con el tiempo se convirtieron en uno de los activos favoritos del mercado local ante el crecimiento a “tasas chinas” de esa primera década del siglo.

Sin embargo, a partir de 2012 no se registraron más desembolsos. Los datos de PBI que publica el Indec fueron afectados por la manipulación de las estadísticas de inflación en las que incurrió el organismo desde el año 2007 y, con ellos, el sentido de los cupones se desvirtuó.

En marzo de 2014, el ex ministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que el crecimiento económico de 2013 había sido de 3%, inferior al 3,2% necesario para que se ejecutara el pago del Cupón PBI -en diciembre de ese mismo año-, por un total de USD 3.000 millones.

Un mes antes, en febrero, el Indec sostuvo que la economía había crecido 4,9% en 2013, según la estimación hecha con base de cálculo en 1993, pero desde el 1° de enero se optó por aplicar una nueva metodología para calcular el PBI, con base en 2004.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2018, se revisaron los datos de crecimiento económico durante la gestión anterior y se determinó que durante 2013 el PBI había crecido 2,4%, también por debajo del umbral que gatillaba los pagos. Los fondos que demandaron a la Argentina se enfocan sobre esos pagos no concretados.