Billeteras virtuales y deuda: cuál es el proyecto de la oposición para ponerle un freno al crecimiento de la mora

Los préstamos otorgados por las fintech y otras entidades no bancarias exhiben niveles de irregularidad particularmente elevados.

El avance de las billeteras virtuales transformó la manera en que millones de argentinos realizan pagos, cobran ingresos y acceden a financiamiento. Pero esa facilidad también abrió un frente de preocupación: cada vez más usuarios recurren al crédito digital para afrontar gastos cotidianos y una parte creciente no consigue cumplir con los vencimientos debido a las altas tasas de interés.

El deterioro de la capacidad de pago ya no se limita al sistema bancario tradicional. Los préstamos otorgados por las fintech y otras entidades no bancarias exhiben niveles de irregularidad particularmente elevados y colocaron a las billeteras digitales en el centro de la discusión sobre el endeudamiento de los hogares.

En ese escenario, Unión por la Patria anunció la presentación de un proyecto de ley que apunta específicamente a limitar el sobreendeudamiento cuando las billeteras virtuales son utilizadas por personas que cobran asignaciones o prestaciones sociales.

Un problema que dejó de ser marginal

Los datos disponibles muestran que la mora de las familias viene escalando con fuerza. El Banco Central informó que el indicador de irregularidad de las financiaciones a los hogares llegó al 12,1% en abril, con un incremento interanual de 8,4 puntos porcentuales.

Dentro de ese universo, las fintech ocupan un lugar particular. Aunque las entidades no bancarias representan una porción menor del crédito total destinado a las familias, concentran una proporción considerable de los préstamos que entraron en situación irregular. Esto refleja que el problema no es solamente cuánto se presta, sino también a quiénes se les presta, bajo qué condiciones y para qué destino.

El fenómeno adquiere otra dimensión porque buena parte de estos créditos se solicita desde el teléfono, con procesos de aprobación rápidos, sencillos y montos relativamente pequeños. Para una familia que necesita cubrir alimentos, servicios, alquiler u otros gastos esenciales, la disponibilidad inmediata puede resultar determinante, aun cuando el costo final del financiamiento sea elevado.

Las tasas, en el centro de la discusión

Uno de los puntos más sensibles es el costo financiero. Las condiciones varían según la empresa, el producto y el perfil de cada cliente, por lo que no existe una única tasa aplicable a todos los usuarios.

Por ejemplo, Ualá informa actualmente para sus préstamos una Tasa Nominal Anual de entre 62% y 149%, mientras que el Costo Financiero Total puede ubicarse entre 107,03% y 436,38%. La propia compañía aclara que las condiciones dependen de la evaluación crediticia y que los intereses por mora se calculan diariamente.

Esto permite entender por qué una deuda relativamente pequeña puede convertirse rápidamente en un problema cuando el usuario deja de pagar. El atraso no solamente mantiene pendiente el capital: también puede generar nuevos intereses y, dependiendo de la situación, afectar el historial crediticio.

La propia Ualá señala que, cuando un préstamo supera los 30 días de atraso, puede inhabilitarse el acceso a nuevos créditos y la situación de deuda puede ser informada al Banco Central.

La cuestión de las tasas, por lo tanto, dejó de ser un debate exclusivamente financiero. En un contexto donde muchas familias utilizan el crédito para sostener el consumo corriente, el costo del préstamo puede terminar condicionando la capacidad futura de pago.

Qué propone Unión por la Patria

La discusión política sumó ahora una iniciativa concreta. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz anunció que el bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto para regular las condiciones de los créditos otorgados mediante billeteras virtuales cuando estas plataformas son utilizadas por beneficiarios de asignaciones y prestaciones sociales.

El planteo opositor busca que exista una intervención estatal sobre tres variables consideradas centrales para evitar que una deuda se vuelva impagable: el monto financiado, el plazo de devolución y la tasa de interés. La intención, según explicó la legisladora, es establecer límites para impedir situaciones de sobreendeudamiento en sectores considerados especialmente vulnerables.

El proyecto aparece así como una respuesta legislativa a un fenómeno que excede la relación tradicional entre banco y cliente. Las billeteras funcionan como medios de pago, pero también incorporaron préstamos, adelantos y otras modalidades de financiación. Esa combinación hace que una cuenta utilizada para cobrar una prestación social pueda convertirse simultáneamente en una puerta de acceso al crédito.

La propuesta todavía debe atravesar el proceso parlamentario correspondiente, por lo que sus alcances concretos dependerán del texto que avance y de las modificaciones que eventualmente se incorporen durante el debate legislativo.

La iniciativa de Unión por la Patria no aparece aislada. En los últimos días, la Provincia de Buenos Aires también puso bajo la lupa las prácticas de distintas empresas vinculadas con las billeteras y los servicios financieros digitales.

El Gobierno bonaerense informó que durante el primer semestre de 2026 recibió 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud. Los reclamos incluyen presuntos incumplimientos de las normas de defensa del consumidor, además de situaciones denunciadas como acoso y hostigamiento.

A partir de esas presentaciones se abrió una investigación para solicitar información a las compañías sobre los criterios utilizados para determinar las tasas y la composición del Costo Financiero Total de los créditos.

La medida provincial no implica una eliminación automática de las deudas ni una moratoria general. Se trata de una investigación dentro del marco de las facultades de Defensa del Consumidor, con posibles sanciones si se comprueban infracciones.

La discusión sobre las billeteras virtuales plantea un dilema que probablemente gane espacio en el Congreso: cómo ampliar el acceso al crédito sin permitir que esa facilidad termine profundizando el endeudamiento de quienes tienen menor capacidad económica.

Para las empresas fintech, el riesgo crediticio forma parte del negocio y las tasas también reflejan el perfil de cada prestatario. Para los sectores que impulsan una mayor regulación, en cambio, el Estado debe establecer límites cuando el crédito se transforma en una herramienta utilizada para cubrir necesidades básicas y puede desembocar en una cadena de refinanciaciones.

El Gobierno nacional mantiene una posición diferente y sostiene que el problema debe resolverse principalmente entre acreedores y deudores, a través de mecanismos de mercado. En las últimas semanas, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionaron la idea de una intervención estatal general sobre las deudas de las familias.