Artículo publicado por Martín Kanenguiser para Infobae (27 de julio)
Brasil está, para los inversores financieros, un poco más cerca del paraíso, mientras la Argentina sigue en el purgatorio. La agencia de calificación de riesgo Fitch elevó desde “BB-” hasta “BB” su nota para el crédito de la deuda soberana extranjera de Brasil y mantuvo como “estable” la perspectiva de estos pasivos.
“La elevación de la clasificación de Brasil refleja el desempeño macroeconómico y fiscal por encima de lo esperado en medio a los choques sucesivos de los últimos años; las política proactivas y las reformas que las apoyaron; así como la expectativa de Fitch de que el nuevo Gobierno trabajará por mejorías adicionales”, según un comunicado de la agencia calificadora de riesgo.
La mejora de la calificación de Fitch se produjo un mes después de que Standard and Poor’s mejorara su perspectiva a largo plazo para el crédito de Brasil desde “estable” hasta “positivo” tras cuatro años sin modificar su evaluación para el país, precisó la agencia EFE.
“Ambas decisiones, en momentos en que la bolsa de San Pablo opera en su mayor nivel en dos años y el dólar cotiza a su menor valor en más de un año, evidencian la mejoría de la evaluación de las calificadoras de riesgo sobre la capacidad de Brasil de pagar sus obligaciones financieras”.
Según Fitch, “pese a las persistentes tensiones políticas desde 2018, cuando perdió su estatus de buen pagador, Brasil alcanzó progresos en importantes reformas para enfrentar los desafíos económicos y fiscales”.
En tanto, el Ministerio de Hacienda de Brasil atribuyó la mejora de las calificaciones “a los esfuerzos del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por promover el crecimiento económico y la estabilidad fiscal”.
Según el Ministerio, “tales medidas permiten prever que la economía de Brasil crecerá este año un 2,3 % y no el 0,7 % inicialmente esperado, así como esperar tasas de crecimiento estructural del 2,0 % anual a mediano plazo”.
“Las medidas del gobierno del líder progresista para mejorar la situación de las cuentas públicas permitirán reducir a cero el déficit fiscal a partir de 2024 y situar en el 75 % la relación de la deuda pública frente al PBI del país, porcentaje que seguiría subiendo pero marginalmente”, agregó el comunicado del Ministerio.
Entre las medidas adoptadas y que permitieron a las agencias elevar la calificación de riesgo de Brasil, el Ministerio destacó el “nuevo marco fiscal y la reforma tributaria, ya aprobada por la Cámara de Diputados y que depende de votación en el Senado, y que, según el Gobierno, permite eliminar una de las mayores trabas de la economía de Brasil que es su complejo sistema impositivo”. Según Fitch, las nuevas reglas fiscales y tributarias de Brasil permitirán una consolidación fiscal gradual.
Pese al cambio de orientación política frente al gobierno de Jair Bolsonaro, Fitch indicó que “el pragmatismo y los frenos y contrapesos institucionales más amplios eviten desvíos radicales en la macro o en la micropolítica”.
El analista de riesgo soberano para la región de Fitch, Todd Martínez, dijo a Infobae desde Nueva York que la agencia subió la calificación de la deuda argentina a ‘CC’ desde ‘C’, “porque ya no está claro que el gobierno seguirá adelante con el canje de deuda del sector público anunciado en marzo que habríamos considerado un evento de incumplimiento o default”.
“Pero la nueva calificación de ‘CC’ está por debajo de la calificación de ‘CCC-’ que Argentina tenía a principios de año, y señala nuestra opinión de que otra reestructuración de deuda u otro evento de incumplimiento de algún tipo parece más probable que improbable en los próximos años, independientemente de la resultado de las elecciones”, aclaró Martínez.
Para elevar la nota, indicó el experto, se necesitarán “ajustes enérgicos de las políticas (fiscal, monetaria, cambiaria), así como confianza en su viabilidad a medio plazo, que den lugar a una acumulación sostenida de reservas internacionales”. Además, la perspectiva de “recuperación del acceso a los mercados o a alguna otra fuente de financiación exterior a gran escala”.
Según Fitch, “la nueva calificación “CC” indica que es probable que se produzca algún tipo de default en los próximos años, independientemente del resultado de las próximas elecciones. Las autoridades están recurriendo a medidas heterodoxas para gestionar una grave situación económica en 2023, ya que una grave sequía ha agravado problemas ya profundos, y tratando de renegociar su programa con el FMI para desbloquear nueva financiación exterior”.
“El próximo gobierno tendrá que hacer frente a desequilibrios aún mayores y a compromisos políticos socialmente dolorosos, lo que dificultará la gobernabilidad. Por lo tanto, en opinión de Fitch, es cada vez más difícil prever un plan de ajuste postelectoral suficiente para garantizar una acumulación sostenida de reservas y la recuperación del acceso a los mercados, que el Estado necesita para hacer frente al servicio de la deuda comercial a medida que aumenta”, advirtió.
Los pagos en dólares “ascenderán a USD 4.300 millones en 2024 y a USD 9.500 millones en 2025 y 2026. Los ajustes de la política postelectoral podrían ayudar a acumular reservas, pero es improbable que sean suficientes para que el deudor soberano pueda pagarlas en su totalidad, por lo que la capacidad de reembolso dependerá de la refinanciación de una parte mediante la recuperación del acceso al mercado”.
“Esta perspectiva es muy incierta, y no se ha dado ni siquiera en otros países en los que se han producido fuertes ajustes políticos. Los reembolsos de bonos también coincidirán con los reembolsos de préstamos al FMI a partir de 2026, y la reprogramación de éstos podría requerir un nuevo programa en el que podría haber presiones para algún tipo de reparto de la carga por parte de los acreedores privados”, aclaró.
“Fitch espera que el déficit primario del gobierno federal aumente al 3,2% del PIB en 2023 desde el 2,6% en 2022, muy por encima del objetivo del 1,9% del FMI, ya que las importantes pérdidas de ingresos de la sequía están siendo parcialmente compensadas por fuertes descensos reales en el gasto debido al aumento de la inflación (que en sí misma puede ser sólo transitoria dada la indexación ex-post, en particular de las pensiones)”, indicó.
“El fin de la sequía y los ajustes políticos postelectorales deberían impulsar una mejora fiscal después de 2023. Sin embargo, la mayoría de las principales opciones de ajuste (subsidios energéticos, transferencias provinciales, indexación de las pensiones) podrían resultar política y socialmente difíciles para cualquier gobierno”, expresó.
Con la calificación CC, la Argentina ocupa uno de los peores lugares en la tabla de las calificaciones de deuda soberana de América latina, muy lejos de la A de Chile (que es la nota más alta, equivalente al grado de inversión, o sea menos riesgo de default, como los países del G7).
Bolivia tiene B-, Colombia BB+, Costa Rica BB-, República Dominicana BB-, Ecuador B-, El Salvador CCC+, Guatemala BB, Jamaica B+, México BBB-, Nicaragua B-, Panamá BBB-, Paraguay BB+, Perú BBB y Uruguay BBB.
La escala general de Fitch es la siguiente: AAA-AA y A indica la mejor calificación de crédito, con muy baja chance de default; BBB, BB y B indican una elevada chance de default; CCC-CC-C, más riesgo de una cesación de pagos; SD: default selectivo; D: default total. De este modo, la Argentina tiene la peor calificación de deuda soberana de la región, uno de los parámetros que observan tanto los emisores privados de deuda como los organismos de crédito al otorgarle crédito a un país. Este parámetro se ve reflejado en el índice de riesgo país que mide el JP Morgan -en el que la Argentina también ocupa los puestos más altos de la región con Ecuador-, tras la renegociación de la deuda que llevó adelante este gobierno con los bonistas en 2020. Desde entonces, aunque hubo cierta recuperación temporal, los títulos de la deuda argentina cotizan a precio de default.
¿Se han equivocado las calificadoras de riesgo?: claramente, ya que subestimaron riesgos de países desarrollados y emergentes; en el caso argentino, los presidentes Carlos Menem y Fernando De la Rúa soñaron con alcanzar la letra “A” que nunca llegó. Pero no dejan de ser un termómetro válido para los inversores públicos y privados al que un país debe prestarle mucha atención.
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