Artículo original publicado por Martín Kanenguiser en Infobae, el sábado 20 de noviembre de 2021.
Habrá varias batallas, algunas muy complejas, pero el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) confían en llegar a un acuerdo en los próximos meses, más por necesidad mutua que por convencimiento.
Fuentes oficiales en Washington y Buenos Aires coincidieron en señalar en diálogo con Infobae que habrá un nuevo programa para refinanciar los USD 45.000 millones que la Argentina tomó en el gobierno de Mauricio Macri. Calificadas fuentes del sistema financiero ratificaron esta percepción.
¿Cuál es el principal motivo para que todas las partes lleguen a la misma conclusión, aun cuando resta mucha incertidumbre por despejar?: creen que el default es un terreno demasiado riesgoso para el Gobierno en un contexto de crisis cambiaria y muy alta inflación, entre otros problemas.
El deterioro de la situación económica local –reflejada, entre otros factores, en los indicadores financieros–, la aprobación implícita de la vicepresidenta Cristina Kirchner a través de su silencio y la cercanía de los fuertes vencimientos de marzo próximo con el Fondo y el Club de París, son los principales factores para pensar que las negociaciones van en serio y se pueden acelerar; en contra, juega el tiempo: el acuerdo con Macri, aún con todo el respaldo que tenía, tardó seis semanas en debatirse a nivel técnico y otras cuatro en llegar al board para su bendición y no existía la exigencia, como sí ocurre ahora, de que pasara antes por el Congreso Nacional.
Y, en términos históricos, la Argentina nunca dejó de pagarle al FMI y el propio Néstor Kirchner optó en 2006 por saldar “al contado” la deuda que tenía pendiente, como señal política para “liberarse” de la tutela política del organismo, aunque luego Cristina Kirchner tuvo que aceptar auditorías por la manipulación de las estadísticas públicas.
En el Gobierno afirman, con optimismo, que la negociación está “en el tramo final” en términos técnicos, luego de varios meses de conversaciones, desde que terminó el canje de la deuda con los acreedores privados en septiembre del 2020. Las mayores dudas de los analistas están en el cumplimiento del acuerdo, vital para los desembolsos del nuevo programa.
El silencio del ministro Martín Guzmán, aclaran, se debe a que se están definiendo “detalles”, no poco complejos, antes de pasar a la instancia de la negociación política con los socios más relevantes del FMI, aunque el ministro ya ha desarrollado parte de este lobby en las reuniones del G20 y por videoconferencia en las últimas semanas. Este viernes, el ministro aclaró que la vicepresidente está de acuerdo con la firma del acuerdo y destacó los avances, aunque aclaró que todavía faltan puntos de consenso.
En Washington, las señas del póker son más difíciles de descifrar, pero sonríen ante la consulta sobre si habrá un final feliz; saben que, si el Gobierno muestra un plan económico, la negociación llegará a buen puerto, aunque no será ni por “culpa” ni por sentir “corresponsabilidad” por el crédito concedido a Macri, como señala el Gobierno.
El siempre diplomático Gerry Rice, vocero del FMI, dijo esta semana que “seguimos trabajando para llegar a un entendimiento pleno sobre un plan integral que pueda abordar de forma duradera los retos económicos y sociales más acuciantes de Argentina y que tenga como objetivo reforzar la estabilidad económica y hacer frente a la elevada inflación, que afecta de forma desproporcionada a los más vulnerables”.
“En los últimos días hemos dicho que es importante que este plan cuente con un amplio apoyo político y social. Nuestro objetivo sigue siendo, como ya dije aquí, ayudar a Argentina y a los argentinos a sentar las bases de un crecimiento más sostenible e integrador”, afirmó Rice, en referencia no sólo al apoyo parlamentario que se autoimpuso el Gobierno, sino sobre todo en lo que se refiere al apoyo dentro de la coalición gobernante.
Astuto, Rice aclaró que tenía “información sobre los tiempos específicos o la programación de las reuniones, pero el compromiso sigue siendo fuerte y frecuente” y aclaró que tampoco hay un “calendario de reuniones o el programa”.
Otra calificada fuente en Buenos Aires señaló que el calendario sería mandar una carta de intención a fines de enero y poder sellar el acuerdo en el directorio en marzo, antes del vencimiento de capital de ese mes, que coincide con el “saldo a pagar” al Club de París. “Va a haber acuerdo”, señaló el importante referente de la coalición oficialista.
La opinión es similar en el sistema financiero, pese a la retórica que a veces utilizan algunos miembros del oficialismo, al negar que pueda haber un “ajuste”, una tendencia que, en realidad, ya se está ejecutando.
“Es la primera vez desde el inicio del gobierno que el presidente, la vicepresidenta y el ministro de Economía dicen lo mismo: que va y que tiene que haber un acuerdo; no me imagino otro desenlace, aunque en el medio haya disputas puntuales”, expresó el importante ejecutivo, de buena relación con el Gobierno.
La fuente afirmó que el Gobierno debería haber aprovechado la “ventana política” que tuvo después de cerrar el canje con los bonistas hace más de un año para sellar este acuerdo antes del inicio de la campaña electoral que culminó el domingo pasado.
Sin embargo, consideró que los principales referentes del oficialismo saben que la falta de un acuerdo en marzo próximo dispararía una serie de variables desconocidas para la gobernabilidad hasta 2023. Y opinó que sus pares de la oposición también deberían tener el incentivo de apoyar el acuerdo públicamente, ya que “posiblemente los primeros vencimientos del acuerdo empiecen a caer en el próximo gobierno”, además de que se negocia un programa a 10 años, que involucrará los próximos dos períodos presidenciales.
A cambio, arriesgó el ejecutivo, la oposición seguramente le pedirá al gobierno actual que se haga cargo de una parte del ajuste fiscal y monetario que involucrará el próximo acuerdo, una condición que tal vez genere más problemas hacia adentro del Frente de Todos que con Juntos por el Cambio después de la derrota en los recientes comicios legislativos. En la oposición afirman que no quieren opinar hasta no ver la letra chica del proyecto “plurianual” que el Gobierno presentará el mes próximo en el Congreso.
Al respecto, indicó la fuente, “cuanto antes lo hagan, mejor para la economía y para ellos, así distancian el ajuste de las próximas elecciones”, ya que seguramente ningún candidato deseará cargar con el karma de tener que ajustar en medio de la contienda del 2023.
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