Artículo original publicado por Martín Kanenguiser en Infobae, el sábado 11 de diciembre de 2021
Cuando Fernando de la Rúa abandonó la Casa de Gobierno por última vez hace 20 años, el peronismo subsanó el vacío de poder en forma inmediata con Ramón Puerta, que había quedado primero en la línea de sucesión presidencial desde el 26 noviembre de 2001, al ser elegido presidente provisional del Senado luego de la victoria justicialista en las elecciones legislativas.
En sus 63 horas en el sillón presidencial, el ex gobernador de Misiones tuvo tiempo de inaugurar el default con los organismos multilaterales de crédito. El episodio, sin embargo, quedó registrado en la historia durante el mandato de su sucesor, Adolfo Rodríguez Saá, elegido por decisión del resto de los gobernadores justicialistas.
Pese a que el riesgo país se ubique por encima de los 1.700 puntos básicos y exista una considerable inestabilidad cambiaria, no hay punto de comparación entre aquella escena dantesca y la actualidad; entre otras razones, porque hay tipo de cambio flexible, el país se encuentra fuera del mundo financiero desde 2018 y el cepo permite administrar la crisis en cuentagotas, aunque a un gran costo en términos de inversiones y crecimiento económico.
En aquel entonces, el secretario de Finanzas y Hacienda del brevísimo período de Puerta, Oscar Lamberto, envió una carta el 21 de diciembre de 2001 al Fondo Monetario Internacional (FMI) para explicar que “el próximo gobierno” se haría cargo de abonar un vencimiento que recaía ese día por USD 40 millones.
Lejos del despacho de Lamberto, el gobernador de San Luis preparaba su desembarco en el poder en un departamento de Barrio Norte con un grupo de colaboradores.
Alentado por su hermano Alberto, “El Adolfo”, tal como se conocía a quien había gobernado su provincia durante 18 años seguidos, preparaba su pomposo discurso inaugural, que planeaba destacar el repudio al pago de la deuda externa y recomendarle al Congreso Nacional la investigación de su legitimidad antes de volver a negociar con los acreedores.
A su lado, su principal asesor económico, Rodolfo Frigeri, no podía ocultar sus nervios por el texto en gestación. Diputado nacional, ex secretario de Hacienda y ex presidente del Banco Provincia de Buenos Aires en una cuestionada gestión, le explicó que, a pesar de lo que afirmaba la mayoría de la clase política, “el 50% de la deuda está en manos de individuos y, a su vez, la mitad de esa suma pertenece a ciudadanos argentinos”.
A regañadientes, Rodríguez Saá aceptó los argumentos del economista. Ante la Asamblea Legislativa, el 24 de diciembre el sonriente presidente interino, ungido con la condición de convocar a elecciones en un plazo de tres meses, planteó la decisión de dejar de pagar la deuda y de mantener el plan de Convertibilidad con el agregado de una nueva moneda.
Entre otros asistentes, se destacaban tres de los candidatos a sucederlo en las elecciones planeadas para marzo del 2002, los gobernadores José Manuel de la Sota, Carlos Ruckauf y Néstor Kirchner.
“El gobierno argentino suspenderá el pago de la deuda externa argentina. Esto no significa el repudio de la deuda. Esto no significa una actitud fundamentalista; muy por el contrario, se trata del primer acto de gobierno que tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto. Los dineros que estén previstos en el presupuesto para pagar la deuda, mientras los pagos estén suspendidos, serán utilizados en los planes de creación de fuentes de trabajo”.
“No podemos obviar con crudeza que algunos dicen que la llamada deuda externa es, al menos parcialmente, el más grande negociado económico que haya vivido la Argentina”, sostuvo Rodríguez Saá ante el rabioso aplauso de casi toda la dirigencia política y la resignación de los inversores. Cuando terminó su encendido mensaje, Rodríguez Saá se trasladó a la Casa de Gobierno para recibir antes que a ningún otro invitado al embajador de los Estados Unidos, James Walsh, que traía una carta del presidente George W. Bush, con la intención de recordarle los límites precisos del poder.
Del otro lado de la avenida Rivadavia, la angustia se apoderaba del “Rolo” Frigeri, designado secretario de Hacienda, en su primera comunicación telefónica con el FMI desde la declaración del default.
“Antes que nada, Rodolfo, quiero recordarte que tienen que pagar un vencimiento que cayó el 21″ -le recordó el auditor regional del FMI, el argentino Claudio Loser, sin perder su tradicional amabilidad-.
Acompañado por los economistas Norberto Sosa y por Daniel Marx, dispuesto a “colaborar” una vez más con el nuevo gobierno, Frigeri le pidió paciencia al director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI y le prometió suavizar las declaraciones públicas de Rodríguez Saá en relación con el futuro repago de la deuda. Para elaborar el presupuesto 2002, fue designado Dante Sica, que luego se desempeñó como secretario de Industria en el gobierno de Eduardo Duhalde y como ministro de Producción y Trabajo en el de Mauricio Macri.
De inmediato, los tres redactaron un comunicado que dejaba constancia de la “voluntad del país” de cumplir con sus compromisos y comenzaron a negociar con los principales actores del sistema financiero local la renovación parcial de una serie de Letras del Tesoro que vencía la última semana del año.
Satisfecho, Frigeri fue a una reunión del gabinete con la intención de destacar los “esfuerzos” que se desarrollaban desde su cartera para evitar eventuales represalias legales de los acreedores.
“Estamos buscando cumplir con las Letes y les pagamos a los organismos”, explicó el secretario de Hacienda, hasta que el ministro de Justicia, Alberto Zuppi, lo interrumpió, exaltado: “¿Cómo puede ser que ustedes estén tratando de pagar; no escucharon el mensaje del presidente?”
Sin respuestas y con el riesgo país en 5.083 puntos básicos, Frigeri regresó cabizbajo a su despacho para preparar las ideas que discutiría con la misión del Fondo que Loser prometió enviar “en el corto plazo”.
La intención del funcionario era pedirle permiso al organismo multilateral para emitir una nueva moneda, con un valor de $1,40, que inyectara liquidez, frente a la imposibilidad de levantar el “corralito”.
Por lo bajo, el ex viceministro de Economía y ex ministro de Educación, Juan José Llach, le propuso “inundar” la economía con Lecop para eludir una devaluación que, según la mayoría de los economistas, ya era inevitable.
Más osado, David Expósito, un analista que -por ser amigo de Rodríguez Saá- fue designado presidente del Banco Nación, sostuvo que había que emitir $15.000 millones de una nueva moneda denominada el “argentino”.
“Debemos tener una economía como Cuba y China”, declaró Expósito antes de ser eyectado 48 horas después de haber asumido su cargo. Mientras Frigeri y Sosa intentaban hacer planes económicos a ciegas, los gobernadores peronistas le quitaban el apoyo a Rodríguez Saá debido a su intención de extender su mandato hasta fines de 2003.
El presidente imaginaba que su promesa de crear un millón de empleos, de subir los salarios y de recibir a todo aquel que caminara por enfrente de la Casa de Gobierno le aseguraba un poder suficiente como para desobedecer el mandato de sus ex pares.
Pero las protestas de la clase media con sus cacerolas volvieron a tronar en las calles de la ciudad de Buenos Aires la noche del 28 de diciembre 2001, en repudio al “corralito” y al nombramiento en el gabinete de ministros de personajes muy cuestionados, como el ex intendente porteño Carlos Grosso y los ex gobernadores santafecinos Víctor Reviglio y José María Vernet.
Asfixiado, el presidente ofreció la renuncia de todo, sus colaboradores, mientras convocaba a Rodolfo Frigeri, al subsecretario de Financiamiento, Gustavo Staforini, y al tesorero del Banco Central, Manuel Domper, para preguntarles por qué no habían librado las órdenes para pagar los salarios de la administración pública. Después de esperar dos horas y media en la antesala del despacho presidencial, los cansados funcionarios ingresaron para conversar con Rodríguez Saá cerca de las 22:30 horas.
Con cierto temor, Domper le planteó que no había recursos suficientes para pagarles a los empleados públicos por la baja de la recaudación. La incertidumbre política y la gran cantidad de feriados bancarios registrados desde principios de diciembre provocaron una baja del 28,3% en los ingresos fiscales del último mes de 2001. Para defenderse, Frigeri aclaró que le había solicitado fondos al presidente del Banco Central, Roque Maccarone, que “se había negado” a girarlos, y surgió el siguiente diálogo entre el presidente de la Nación y su secretario de Hacienda:
— ARF: “No hay problema, pídale la renuncia”.
— RF: “Es imposible, señor presidente; Maccarone tiene nombramiento del Senado”.
— ARS: “¿Y el resto del directorio también se niega?”
— RF: “Sí”.
— ARS: “Entonces pídales la renuncia a todos”, le gritó, desaforado.
Cuando el diálogo comenzaba a tornarse más violento, Alberto Rodríguez Saá ingresó para tranquilizar los ánimos: “No se preocupen porque conseguí cheques por $600 millones para pagar todo”, expresó el misterioso senador sin brindar mayores detalles, ante el desconcierto absoluto de los técnicos que acompañaban a Frigeri.
Cerca de la medianoche, Rodríguez Saá le preguntó a Gustavo Staforini si conocía San Luis.
—“Un poco”, respondió el economista a modo de cortesía.
— “Entonces sabrá que es una provincia bien administrada porque no hay ministro de Economía; acá pasa lo mismo: el ministro soy yo y desde mañana quiero firmar todas las órdenes de pago, una por una, aunque sean miles”, les ordenó a los tres funcionarios que se retiraron asustados y confundidos.
Al día siguiente la exótica fantasía de Rodríguez Saá llegaba a su fin, cuando la mayoría de los gobernadores peronistas –incluidos Néstor Kirchner, Juan Manuel De la Sota y Carlos Reutemann– confirmaba que no asistiría a la cumbre convocada en la residencia presidencial del balneario bonaerense de Chapadmalal para diseñar el plan económico del gobierno.
Alternativas monetarias
Desde temprano, Frigeri comenzó a debatir las alternativas monetarias con otros economistas del justicialismo en una pequeña sala del predio. Había llegado con sus colaboradores Sosa y Sica en el Tango 01.
Frente a su idea de “lecopizar” la economía, el menemismo proponía dolarizar, el duhaldismo devaluar y algunos sectores minoritarios creían que era posible mantener la convertibilidad, pero con una paridad diferente del 1 a 1.
Ajeno a las discusiones técnicas, Adolfo Rodríguez Saá decidía renunciar y huir hacia el aeropuerto de Miramar para trasladarse a su querida provincia, ya que decenas de manifestantes exaltados del peronismo bonaerense comenzaban a rodear la residencia oficial.
Cuando el secretario de Hacienda se percató de la peligrosa situación que lo rodeaba, tuvo que pensar como huir: primero pensó en escaparse por la playa y luego tuvo que implorarle a un parrillero que había sido contratado para hacer un gran asado que lo sacara del lugar junto con su equipo. Escondido en el baúl de una camioneta, enredado entre chorizos y mollejas, Frigeri terminaba su gestión de seis días sin haber podido cumplir con la promesa de Rodríguez Saá de dejar de pagar la deuda externa.
Con una sociedad exaltada y preocupada como telón de fondo, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, se aprestaba a conducir el Poder Ejecutivo por 48 horas, hasta que una nueva Asamblea Legislativa designara a un nuevo mandatario, ya que Ramón Puerta nunca volvió de Misiones.
Sin competidores, el cargo para completar el mandato de Fernando de la Rúa hasta diciembre de 2003 recaería en el senador Eduardo Duhalde, presidente interino hasta la elección que consagró a Néstor Kirchner como su sucesor.
La Argentina dejaría atrás el default del 2001 recién quince años más tarde, cuando asumió Mauricio Macri, para volver de inmediato a los mercados de deuda, en una efímera etapa de normalidad que se esfumó apenas dos años después, cuando tuvo que pedirle dinero nuevamente al FMI para no caer nuevamente en cesación de pagos.
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