Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: qué cambia y qué queda por definir

La iniciativa obtuvo 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones y ahora deberá ser analizada por el Senado.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa obtuvo 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones y ahora deberá ser analizada por el Senado.

La reforma propone modificar aspectos centrales del funcionamiento de la autoridad monetaria, en particular su relación financiera con el Tesoro, el tratamiento de las utilidades, la composición de su balance y las condiciones para remover a los integrantes de su directorio.

El proyecto parte de una definición: volver a colocar la preservación del valor de la moneda como misión principal del Banco Central y reducir los mecanismos mediante los cuales la entidad puede asistir financieramente al sector público. El propio BCRA había señalado, al presentar la iniciativa ante el Congreso, que el objetivo es impedir que el financiamiento al Gobierno genere expansiones monetarias que no estén acompañadas por una mayor demanda de dinero.

El cambio central: limitar el financiamiento al Tesoro

Uno de los puntos de mayor alcance es la eliminación de los adelantos transitorios que el Banco Central puede otorgar al Tesoro. El proyecto deroga el artículo 20 de la Carta Orgánica vigente, que actualmente contempla ese mecanismo de asistencia financiera.

La modificación no se limita a los adelantos transitorios. El texto también establece restricciones para que el BCRA otorgue préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios. Además, impide la adquisición de títulos públicos nacionales en el mercado primario y elimina la posibilidad de adelantar fondos para atender servicios de la deuda pública.

El cambio busca cerrar una de las principales vías de financiamiento monetario del gasto público. En términos económicos, la modificación pretende separar de manera más estricta la política monetaria de las necesidades de financiamiento del sector público. Sus efectos concretos, sin embargo, dependerán también de la política fiscal y de la capacidad del Tesoro para financiar sus necesidades por otras vías.

Qué ocurre con las reservas y las Letras Intransferibles

El proyecto elimina de la Carta Orgánica la figura de las reservas de libre disponibilidad y busca terminar con el mecanismo mediante el cual el Estado podía utilizar reservas internacionales del BCRA a cambio de Letras Intransferibles. Según los fundamentos oficiales citados durante el debate, esas operaciones dejaron un volumen significativo de títulos de este tipo en el activo de la entidad.

La iniciativa incorpora, además, un régimen transitorio para el saneamiento del balance. Mientras existan Letras Intransferibles y adelantos transitorios pendientes de cancelación, parte de los resultados del Banco Central podrá destinarse al Tesoro, pero con una finalidad específica: cancelar esos pasivos.

La lógica es distinta de la asistencia corriente al Tesoro. El objetivo declarado es reducir activos del Banco Central considerados de difícil realización y, de esa manera, fortalecer la composición de su balance.

La Carta Orgánica vigente establece que las utilidades que no son capitalizadas se destinan a reservas hasta alcanzar un determinado nivel y, una vez cumplido ese requisito, pueden transferirse al Gobierno nacional.

La reforma propone un criterio más restrictivo: sólo podrán distribuirse resultados efectivamente realizados y líquidos. Quedarían excluidas, entre otras, las ganancias contables derivadas de variaciones en el tipo de cambio o en la cotización del oro.

A su vez, antes de habilitar una distribución deberá cumplirse con el nivel de reservas previsto por el nuevo régimen. Y, cuando corresponda una transferencia, el proyecto establece que deberá destinarse a la cancelación de deuda pública.

Cambios en la conducción del Banco Central

La reforma también modifica el régimen de remoción del presidente, vicepresidente y directores del BCRA. El proyecto establece causales más específicas para la salida de los integrantes del directorio y exige que la remoción se fundamente en hechos vinculados con faltas graves en el ejercicio de sus funciones. El procedimiento incorpora, además, la aprobación de ambas cámaras del Congreso con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

El cambio apunta a elevar el costo institucional de una remoción y a darle mayor estabilidad al directorio frente a los cambios políticos. Este punto también generó cuestionamientos durante la discusión parlamentaria. Una de las objeciones planteadas antes del tratamiento fue que el proyecto establece una mayoría agravada para remover autoridades, pero no exige un mecanismo equivalente para su designación.

Por lo tanto, el debate no se limita a la independencia del Banco Central frente al Poder Ejecutivo: también involucra cómo se equilibra esa autonomía con el control democrático sobre una institución cuyas decisiones tienen impacto directo sobre la economía.

La iniciativa propone regresar a una concepción más concentrada de la función del Banco Central, con la preservación del valor de la moneda como objetivo principal. Esto implica revisar parte de la ampliación de funciones incorporada a la Carta Orgánica en 2012. Entre los cambios aparece el retiro de determinadas facultades vinculadas con la orientación del crédito hacia sectores específicos, como las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales.

El argumento del Gobierno es que esas políticas corresponden más propiamente a instrumentos de banca de desarrollo o de fomento que a la autoridad monetaria. La discusión, en este punto, es de diseño institucional: qué objetivos debe perseguir un banco central y cuáles deben quedar en manos de otras áreas del Estado.

La aprobación en Diputados, por lo pronto, no modifica todavía la Carta Orgánica vigente. Se trata de una media sanción, por lo que el proyecto debe ser tratado por el Senado y, eventualmente, promulgado para convertirse en ley.

Si finalmente se aprueba en los términos votados por la Cámara baja, el cambio más significativo sería la separación normativa entre las cuentas del Tesoro y las del Banco Central: el BCRA tendría menos herramientas para financiar al sector público y mayores restricciones para transferirle resultados.

Al mismo tiempo, la reforma intenta modificar la calidad del balance de la autoridad monetaria y establecer reglas más exigentes para la distribución de utilidades y para la remoción de sus autoridades.